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Abstract
The study analyzes the constitutionality of Article 106 of Ecuador's Organic Code of the Judicial Function, which establishes that the interruption of the statute of limitations in administrative disciplinary proceedings occurs with the initiation order rather than with formal notification. The objective was to assess whether this provision violates rights such as due process, the right to defense, and legal certainty. A qualitative approach was used, with an explanatory design and both bibliographic and field modalities, including interviews with three judges specializing in Constitutional Law. The findings reveal that initiating the interruption without formal notification limits the defendant’s awareness of the charges, thus affecting their ability to defend themselves. Two of the three interviewees consider it necessary to reform the law so that notification marks the interruption point, aligning it with legal frameworks in Spain and Peru. The study concludes that the current regulation should be amended to align with international standards and strengthen disciplinary justice.
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