Abstract
Access to justice is an inherent right of every individual within criminal proceedings, facilitated through various mechanisms. One such mechanism, and the subject of this article, is anticipated evidence. The primary objective of this study is to analyze the use of anticipated evidence in criminal proceedings and its impact on the protection of vulnerable victims and the fundamental rights of the accused, aiming to improve mechanisms that ensure a proper balance between both sets of guarantees. This research was conducted as a non-experimental study, relying on existing literature and adopting a qualitative approach with a descriptive scope. The methods employed include exegetical-legal analysis, inductive-deductive reasoning, and comparative analysis. According to studies by various authors, the formal application of anticipated evidence effectively upholds the rights of both vulnerable victims and defendants. However, certain deficiencies persist in its practical implementation. Regarding vulnerable victims, the aim to prevent re-victimization is often undermined, as the process is not always conducted as a single comprehensive interview. For defendants, anticipated evidence hearings are frequently held without their presence, infringing upon the principles of due process and procedural equality. Furthermore, there are cases where the application of anticipated evidence fails to align with its intended urgency and necessity. In conclusion, to ensure the protection of the rights of vulnerable victims and defendants alike, reforms to Ecuadorian criminal law are essential. These reforms should establish clear rules for the procedural application of anticipated evidence.
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